El futuro del emblemático Machu Picchu, joya del turismo peruano y Patrimonio de la Humanidad, se encuentra en una encrucijada. Un amplio espectro de gremios empresariales vinculados al comercio, la empresa y el turismo han expresado su profunda preocupación ante la posible aprobación del proyecto de ley 11277, una iniciativa que plantea la creación de una Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Esta nueva autoridad, presidida por el Gobierno Regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura, ha generado controversia y debate en el sector turístico.
Preocupación en el sector turístico
La iniciativa, que ya superó una primera votación en el Congreso, aguarda una segunda evaluación por parte de la Comisión Permanente. Sin embargo, organizaciones de renombre como la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), COMEXPERÚ, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y diversas cámaras de comercio regionales (Cusco, Arequipa, Ica, La Libertad, Huancayo, entre otras), junto con la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo (APOTUR) y la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), han alzado sus voces alertando sobre las graves consecuencias que esta decisión podría acarrear.
El riesgo de la politización
En un comunicado conjunto, estas organizaciones manifiestan su inquietud ante la posibilidad de que Machu Picchu, un ícono turístico de Perú y un motor fundamental de la economía nacional y cusqueña, quede expuesto a decisiones politizadas y a gestiones regionales carentes de la experiencia técnica necesaria. Argumentan que la propuesta legislativa fue introducida «de manera subrepticia», sin un debate técnico exhaustivo, sin consulta multisectorial y sin una evaluación rigurosa del impacto económico, ambiental y turístico que podría generar.
Ignorancia de competencias y alertas internacionales
Los gremios empresariales también señalan que la nueva autoridad propuesta ignora las funciones técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el único sector con competencias en materia de turismo y promoción internacional. Además, resaltan que se desestiman las advertencias emitidas por la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), así como diversos estudios nacionales que alertan sobre los riesgos asociados a la sobrecarga turística, la infraestructura insuficiente y la mala gestión, factores que podrían poner en peligro el estatus de Patrimonio Mundial de Machu Picchu.
Reconocimiento global y la necesidad de coordinación
Es importante recordar que Machu Picchu ha sido recientemente galardonado en los World Travel Awards como el mejor destino cultural y el mejor atractivo turístico del mundo. Este prestigioso reconocimiento es el resultado de un trabajo coordinado entre el sector público y privado, así como de la labor de organismos como PromPerú. La propuesta legislativa, según los gremios, podría poner en riesgo este valioso logro.
Un llamado al Congreso y una propuesta alternativa
Ante esta situación, los gremios empresariales hacen un llamado urgente al Congreso de la República para que reconsidere la aprobación de la medida en segunda votación. En lugar de ello, proponen la creación de una «verdadera Autoridad Autónoma de Gestión» que sea presidida por el Mincetur y que cuente con la participación técnica de ministerios competentes, gobiernos regionales y locales, el sector privado y la sociedad civil. Según su visión, esta estructura garantizaría una entidad con liderazgo nacional, una visión de competitividad y un enfoque multisectorial que asegure la sostenibilidad del Santuario Histórico.
Protegiendo el legado de Machu Picchu
El comunicado concluye con una advertencia contundente: Machu Picchu es un patrimonio de Perú y del mundo, y su gestión debe estar a la altura de su importancia histórica, cultural y económica. La creación de una autoridad de gestión con la experiencia y el conocimiento adecuados es crucial para salvaguardar este tesoro para las generaciones futuras. Es esencial un enfoque colaborativo y técnico para evitar decisiones politizadas que puedan comprometer su sostenibilidad.
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